U13053

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Nuestra economía es de base agropecuaria, nutre la demanda interna y provee gran parte de las divisas ganas por el sector externo. Argentina es tradicionalmente un gran exportador de productos primarios desde siempre. Un pulóver vale más caro que la lana que se utiliza para producir ese pulóver, porque tiene valor agregado y exportar con valor agregado nuestros productos agropecuarios mejoraría la performance de nuestra balanza de pagos y en consecuencia, dispondríamos de alternativas para contrarrestar la volatilidad del mercado global. Los objetivos de la política económica del sector primarios, siempre fueron el incremento de la producción agropecuaria en condiciones competitivas, cuyo fin debe ser mejorar la calidad de vida de nuestra población. Los instrumentos de la política agropecuaria han sido preferentemente leyes y otras medidas de fomento, y muchas de estas últimas de difícil aplicación. La política de exportaciones siempre dependió del éxito o fracaso de las cosechas, del ciclo ganadero, de los factores climáticos favorables y de la demanda externa. El ciclo económico argentino evolucionó frecuentemente con la expansión de las actividades agrícolas ganaderas.

Se necesitaría un cambio normativo que regule el acceso y uso de los recursos naturales, cambios en materia de retenciones agrícolas, regulación en materia de transgénicos, mercado libro y único de cambios, modificaciones en materia de contratos agropecuarios, cambios en leyes sanitarias, leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental para los acuíferos subterráneos, el aire y el suelo en relación a los agroquímicos, la prohibición de uso de sustancias tóxicas, entre otras. Se debe promover la explotación racional de los recursos naturales, respetando al ambiente y creando condiciones para el progreso del sector y de las comunidades ubicadas en el área de influencia, dentro del concepto del Derecho del Desarrollo Sustentable, es decir satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras.

U14052

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En materia de Derecho de los Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente hay mucho por investigar todavía, ya sea por el singular desarrollo de la política y legislación ambiental, las lagunas del derecho o vacíos normativos, la diversidad, la contradicción y la dispersión de normas, siendo éstas obstáculos para una eficaz gestión ambiental. Esta falta de congruencia normativa y la deficiencia en el ejercicio del poder de policía que hace al control del Estado, favorece al latrocinio y la contaminación del ambiente como consecuencia de una explotación exhaustiva de los recursos naturales. El establecimiento de leyes de presupuestos mínimos en materia de protección ambiental, es el inicio de un proceso federal de actuaciones coordinadas entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se requieren leyes de presupuestos mínimos en materia de evaluación de impacto ambiental previo a la ejecución de obras o actividades, protección de los acuíferos subterráneos, de la flora, de la fauna, del aire, del suelo en relación a los agroquímicos, prohibición de usos de sustancias tóxicas, muy especialmente en las actividades mineras y agropecuarias, la prohibición de las explotaciones mineras a cielo abierto, entre otras.

En materia de residuos domiciliarios se deben acelerar los tiempos para la separación en origen de todos ellos, cerrando los rellenos sanitarios y los basurales clandestinos a cielo abierto. Un residuo deja de ser tal cuando pasa a ser un insumo para otro proceso productivo, a esto le llamamos reciclado. Es bueno reciclar, pero también debemos reducir y reutilizar. Reducir implica no tirar las cosas cuando todavía son útiles, así que produce menos basura y gastamos la menor cantidad posible de recursos en fabricar otros nuevos. Se requiere hacer masivo en todo el país el uso de bolsas biodegradables y la prohibición de las bolsas de polietileno y de todo tipo de plástico convencional. Debemos reducir los envoltorios, todos los productos (pilas y baterías, electrónicos, neumáticos, envases de plástico y vidrio, etc.) deberían ser retornables a su descarte, para favorecer su reciclado. De acuerdo al principio de responsabilidad extendidas al productor, o responsabilidad post consumo, correspondería a los fabricantes, importadores y responsables de la puesta en el mercado de sus productos, hacerse cargo de la gestión ambientalmente adecuada de aquellos, una vez desechados por los consumidores. Preservar el ambiente es una tarea permanente en la que deberían lograre progresos y evitar retrocesos.

U14051

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Los autores de esta obra surge la idea de plasmar por escrito distintos enfoques de una temática común surgidas a través del ejercicio profesional de los autores, a saber, el Desarrollo Rural Sostenible y las Buenas Prácticas Agrícolas.

Convencidos de la necesidad de implantación de políticas de Estado en la materia, teniendo en cuenta una corriente doctrinaria manifiesta, así como de recomendaciones de distintos organismos internacionales, entre otros, la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en relación a distintas estrategias y programas al efecto.

El trabajo adopta un abordaje teórico inicial del Desarrollo Rural Sostenible desde el punto de vista doctrinario y de fuentes de instrumentos internacionales, seguido por temáticas prácticas, complementados con aspectos general y particulares relativos a las Buenas Prácticas Agrícolas y la Inocuidad en especial, pretenden un abordaje holístico, sistémico, transdisciplinario y multidimensional.

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