Si la inclusión - en el sentido más amplio - es una manifestación de la justicia en todos los niveles del sistema educativo, es más imperativa aún en la educación básica y obligatoria, porque es un derecho de la ciudadanía, que habilita para el acceso y la participación en los otros derechos (civiles, sociales, políticos y económicos) y constituye la puerta de entrada a la formación y el aprendizaje permanentes.

Para asumir los retos - las deudas del pasado y del presente y los desafíos del futuro - es necesario construir nuevos esquemas de pensamiento que permitan interpretar más acabadamente los problemas educativos. Es importante analizar las estrategias que se han usado en el pasado y es necesario contar con las categorías de análisis renovadas para diseñar nuevas estrategias que permitan intervenir en estos problemas. Pero éstas se construyen en un marco en el que los sentidos, los fines, son tanto objeto de discusión como de definiciones comprometidas. En este aspecto, es importante tener presente en todo momento la relación compleja entre democracia, justicia y educación, lo que supone plantearse siempre el interrogante sobre qué ha hecho y puede hacer la democracia por la educación - al considerarla un requisito para el ejercicio de la ciudadanía efectiva y para la construcción de identidades colectivas - al mismo tiempo que es necesario preguntarse en todo momento sobre aquello que puede hacer la educación por la democracia.

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